La administración actual de la Cuarta Transformación (4T) ha aumentado significativamente el despliegue de personal militar en tareas de seguridad pública. Según datos recientes, este incremento alcanza un 82% en comparación con administraciones anteriores, reflejando un enfoque prioritario en el uso de las Fuerzas Armadas para abordar los retos en seguridad.
En el informe presentado, se destaca que el personal militar activo en labores de seguridad pasó de aproximadamente 52,000 elementos al inicio del sexenio a más de 95,000 en la actualidad. Este crecimiento incluye efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes desempeñan tareas como:
- Patrullajes urbanos y rurales.
- Combate al crimen organizado.
- Resguardo de infraestructura estratégica.
El gobierno ha argumentado que el aumento de la participación militar es una respuesta necesaria ante la creciente violencia y el fortalecimiento de grupos delictivos. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia busca garantizar la paz y la seguridad en zonas afectadas por altos índices de criminalidad.
“Estamos trabajando para devolver la tranquilidad al pueblo. La presencia de las Fuerzas Armadas es fundamental en este esfuerzo,” señaló el mandatario en una de sus conferencias matutinas.
El aumento del papel militar en la seguridad pública no ha estado exento de críticas. Diversos sectores han expresado preocupaciones sobre:
- Militarización de la seguridad: Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de que la creciente dependencia de las Fuerzas Armadas limite el fortalecimiento de las instituciones civiles.
- Transparencia y rendición de cuentas: La opacidad en algunas operaciones militares ha sido señalada como un desafío para garantizar el respeto a los derechos humanos.
A pesar de las críticas, el gobierno ha defendido la eficacia de esta estrategia, señalando una reducción en ciertos índices delictivos en regiones donde el despliegue militar ha sido más intenso. Sin embargo, analistas destacan que los resultados aún son mixtos y dependen en gran medida de factores locales y contextuales.
El incremento del personal militar plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el fortalecimiento de las policías civiles. Mientras tanto, el gobierno asegura que continuará trabajando en una transición gradual hacia un modelo que combine ambos enfoques, priorizando la paz y el bienestar de la población.
La estrategia de seguridad de la 4T, marcada por el protagonismo de las Fuerzas Armadas, sigue siendo un tema de intenso debate en México, reflejando la complejidad de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.
